Resulta fácilmente constatable cómo la legislación de los países occidentales ha ido incrementando, en las últimas décadas, la protección de los trabajadores frente a situaciones de discriminación en el empleo basadas en el sexo, opinión, y religión entre otros motivos. No obstante estas iniciativas no han corrido paralelas en el tiempo. Así, por ejemplo, mientras en Estados Unidos se han ido aprobando, desde la década de los 60, importantes normas en este campo, destacando la Civil Rights Act (1964),1 en el ámbito europeo ha habido que esperar hasta el año 2000 para encontrarnos con una normativa similar: la Directiva 2000/78, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación,2 a través de la que se pretende armonizar la legislación de los estados miembros.
